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Piden prisión domiciliaria para mayores de 65

Mediante un per saltum, el abogado Carlos José Díaz presento una acción de amparo ante la Corte Suprema, para que disponga la inmediata prisión domiciliaria de los presos de más de 65 años y de quienes sean vulnerables al contagio del Covid-19.
El reclamo incluye a las mujeres embarazadas y a las que tienen a sus hijos con ellas en los penales.
El abogado se basó en el decreto de necesidad y urgencia 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que declaró la emergencia sanitaria y sostuvo que a fin de evitar perjuicios irreparables se debe actuar con urgencia, “salvo que alguien esté dispuesto a garantizar” que no se desatará un infección masiva entre la población penitenciaria.
En tato, Díaz reclamó que se disponga la libertad de los detenidos sin sentencia firme.
Dentro de los penales ya se implementaron acciones para intentar que el virus no ingrese, como suspensión de salidas transitorias y visitas. También se minimizó la circulación de personas ajenas a las instalaciones.
De todas formas, se espera un aluvión de pedidos; especialmente, de las defensas de internos que por añosos o por padecer enfermedades integran del grupo de riesgo.
Al menos por ahora, la Justicia deberá contener las pretensiones, delimitando en qué casos proceden morigeraciones de encierro a causa del Covid-19.
El miércoles, el Tribunal Oral Federal 4 dio señales sobre el criterio que se aplicará y rechazó liberar y otorgarle la domiciliaria a Lázaro Báez, de 64 años.
No obstante, ordenó que se le hagan estudios médicos -físicos y psiquiátricos-, para esclarecer si su estado amerita un “tratamiento especial extramuros” y si es un paciente vulnerable al virus que se originó en la República Popular China.
El abogado del empresario patagónico alegó que es posible que se contagie y que se agrave su condición, ya que tiene enfermedades de base como diabetes y arritmia. Sin embargo, el tribunal entendió que no planteó ninguna situación novedosa que imponga evaluar de la detención de Báez.
En esa línea, destacó que la única circunstancia nueva que citó es la emergencia sanitaria por el Coronavirus y aclaró que ello no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación.
El fiscal del caso, Abel Córdoba, también se había negado a la concesión del beneficio. Argumentó que el riesgo de contagio es “en abstracto” y destacó que hasta el momento no hay casos en las cárceles.
El marte, Amado Boudou, condenado por Ciccone, se convirtió en el primer preso por hechos de corrupción durante el kirchnerismo que reclamó ser liberado por la pandemia.

Sobrepoblación
El Servicio Penitenciario Federal (SPF), que alberga a cerca de 14 mil personas y registra un de 10 por ciento, ya le ordenó a las autoridades que confeccionen un listado de internos vulnerables por su edad o estado de salud.
Los datos que se recaben son vitales para que los jueces tengas elementos a la hora de resolver.
Se estima que 1.000 internos integran colectivos sensibles al Covid-19. Muchos son condenados por delitos de lesa humanidad, ya que la mayoría tienen más de 65 años y patologías crónicas.
Ayer, Alfredo Astiz solicitó la domiciliaria por riesgo de contagio. El sancionado con prisión perpetua tiene 69 años y cáncer de próstata, por lo cual -según su defensa- debe irse a su casa.
El Tribunal Oral Federal 5 ya dispuso que se convoque a una junta médica para evaluar su situación antes de tomar una decisión.
En el grupo de riesgo también hay encausados que cumplen sus penas en los pabellones del sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC). Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, de 65 y 62 años, respectivamente, quienes ya alegaron varias veces que tienen problemas de salud, figuran entre los alojados en esas áreas.
Hace mucho más de una década que se denuncian las deficientes condiciones de alojamiento de los internos del sistema federal, pero las preocupaciones al respecto se exacerbaron durante el año electoral.
En marzo de 2019, la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional se pronunció en el marco de un habeas corpus colectivo y determinó la emergencia en el sistema por el aumento sostenido de ingresos.
En ese momento, según datos oficiales, la cantidad de presos había subido un 35 por ciento.
Ante ese panorama, el ex ministro Germán Garavano declaró la emergencia penitenciaria por tres años y dijo que el colapso se dio porque durante las gestiones de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner no se hicieron obras ni se habilitaron nuevos penales y que la Aministración que integró recibió ese pasivo.
Promediando el 2019, el proyecto de reforma del Código Penal, una de las iniciativas en materia de Justicia más promocionadas por el macrismo, recibió duras críticas por su falta de visión sobre la situación carcelaria. En el Senado, el defensor público Santiago Marino Aguirre pronosticó que el cambio triplicaría la cantidad de internos y otros especialistas se pronunciaron en sentido similar.
En diciembre, le énfasis que pusieron los referentes del actual Gobierno la narrativa “presos políticos” impactó en la población penitenciaria y en 20 cárceles de la provincia de Buenos Aires unos 10 mil internos hicieron huelga de hambre.
Los reclusos elevaron varios petitorios y el hacinamiento fue la principal queja.
La Corte bonaerense bajó línea: solicitó que el uso de la preventiva fuera “racional” y les indicó a los jueces que busquen “alternativas”, dejando un tema delicado, como siempre, en manos de los jueces rasos, para que generen soluciones desde las trincheras.

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