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Marchas y contramarchas en el Parlamento por el nuevo gabinete de Castillo

El gabinete de Vásquez tendrá que pedir el voto de confianza en no más de tres semanas, de acuerdo con la Constitución. Foto: Agencia Andina

 Los ministros peruanos del Interior, Luis Barranzuela; y de Educación, Carlos Gallardo; quedaron precozmente en la mira de los partidos de oposición de derecha, que piden sus cambios como requisito para evaluar si le dan el voto de confianza al gabinete ministerial que entró en funciones la semana pasada.

“Vamos a esperar para decidir. Creemos que la primera ministra (Mirtha Vásquez) debe hacer cambios para no exponerse a más problemas. Los principales son en Interior y Educación”, anticipó ante la prensa Hernando Guerra García a nombre del partido Fuerza Popular (FP), el más grande de los tres que forman la oposición “dura” contra el presidente Pedro Castillo.

En igual sentido hablaron los portavoces de Avanza País, José Williams; y Renovación Popular (RP), Jorge Montoya; aunque éste último añadió que se saque a la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, acusada por ese partido, sin que se presenten pruebas, de haber tenido en el pasado vínculos con el grupo ultraizquierdista armado Sendero Luminoso.

FP, Avanza País y RP, que suman 43 de los 130 legisladores, ya fueron derrotados cuando se le dio el voto de confianza al primer gabinete de Castillo, presidido por Guido Bellido, pero esta vez hay un cambio en la correlación de fuerzas, pues el partido oficialista Perú Libre (PL) anunció el jueves, en un hecho inédito, que no le dará el voto de confianza al equipo de Vásquez, por considerarlo “un giro al centroderechismo” de parte del Gobierno.

PL tiene 37 congresistas, pero no se sabe cuántos acatarán la decisión, pues ya varios anticiparon que no le obedecerán al fundador y líder del partido, Vladimir Cerrón, y se mantendrán fieles a Castillo. El resultado en torno a la cuestión de confianza podría depender de cuántos legisladores queden en cada lado.

Completan el Legislativo 45 congresistas de partidos de centroderecha y centro que hasta el momento se dicen dispuestos mayoritariamente a votar en favor del gabinete, y cinco de Juntos Por Perú, una agrupación de izquierda que está abiertamente del lado de Castillo y que incluso está representada en los ministerios de Economía, Comercio y Mujer.

Las continuas disputas del entonces jefe del gabinete Bellido, no solo con la oposición sino con otros miembros del Ejecutivo, llevaron a Castillo a sacarlo la semana pasada, en lo que el mandatario definió como una medida para garantizar la gobernabilidad.

El remezón, recibido con buenos términos por la oposición de centroderecha y centro y con recelos por la de derecha, incluyó el relevo de otros seis ministros. Al frente del equipo quedó Vásquez, una abogada que militó en el partido de izquierda Frente Amplio y tiene un historial de luchas por los derechos humanos, el feminismo y el ambientalismo.

PL, que se define marxista leninista y del que Bellido es uno de los tres máximos líderes, entró entonces en rebeldía contra Castillo, la que escaló esta semana con una Asamblea Nacional Extraordinaria que decidió no apoyar al gabinete.

Según Cerrón, un cirujano de 50 años que no puede ocupar cargos públicos porque está en prisión suspendida tras ser condenado por delitos cometidos como gobernador del departamento de Junín, asegura que el Gobierno está copado por “organizaciones no gubernamentales norteamericanas” a las que no identificó y por “caviares”, término despectivo usado por la derecha radical para atacar a las personas de ideas progresistas pero que ahora es compartida por PL y afines para marcar distancias con sectores de izquierda a los que estima “aburguesados” y “alimeñados”.

Objeciones a Barranzuela, Gallardo y Ortiz

En el nuevo gabinete, las críticas se concentran en Barranzuela, pues era el abogado de Cerrón y de otros dirigentes de PL en procesos por presunta corrupción. Además, se le considera próximo a los productores de coca, cuando en su condición de ministro de Interior debe enfrentar a mafias del narcotráfico a veces coludidas con esos gremios.

Las objeciones van más allá de los partidos: “Estos antecedentes hacen insostenible la continuidad del ministro. Exhortamos al Gobierno a tomar una decisión pronta”, reaccionó la respetada asociación civil Transparencia. En ese marco, Vásquez no descartó revisar el caso: “Estamos pidiendo los descargos y con base en eso se hará una evaluación”, señaló ante periodistas.

Las objeciones a Gallardo, ministro de Educación, derivan de que como dirigente del magisterio militó en organizaciones de las que supuestamente también hacen parte grupos radicales. Los señalamientos contra la ministra Ortiz hasta ahora son básicamente de los congresistas de RP Jorge Montoya y José Cueto, almirantes en retiro. La funcionaria ha documentado abusos de las Fuerzas Armadas desde que era una joven estudiante y sufrió el asesinato de su hermano por militares en 1992. El caso es uno de los que le costaron la condena a 25 años al expresidente Alberto Fujimori.

Para analistas como Rosa María Palacios, a pesar del ruido político la ruptura con el “cerronismo” podría venirle bien a Castillo, pues se le percibe como un alejamiento de la resistida “extrema izquierda”. Eso se refleja por ejemplo, según esa interpretación, en la mejora del cambio monetario, pues el dólar va aceleradamente a la baja como supuesta señal de tranquilidad.

“Claramente sigue siendo un Gobierno de izquierda, pero la hipótesis (de una ruptura con la democracia y el mercado) perdió vigencia con la salida de Bellido”, comentó el politólogo Omar Awapara en el diario El Comercio.

El gabinete de Vásquez tendrá que pedir el voto de confianza en no más de tres semanas, de acuerdo con la Constitución. Si lo obtiene, seguirá en funciones, o, de lo contrario, Castillo tendrá que disolverlo y formar un nuevo equipo ministerial.

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