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Congelan alquileres y suspenden desalojos

Se prorrogan los contratos hasta el 30 de septiembre, con conformidad de la parte locataria. También se congela el precio de los alquileres al valor de marzo y la deuda por diferencia de precio deberá abonarse en octubre, en tres a seis cuotas. Señala el decreto que la situación “exige extremar esfuerzos para enfrentar no sólo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social. En efecto, el Estado debe hacerse presente para que los y las habitantes de nuestro país puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales, como el derecho a la salud, pero sin descuidar otros, como el derecho a la vivienda”.

Así mismo se expresa en el decreto que “esta situación hace muy difícil el cumplimiento, para una importante cantidad de locatarios, hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos, redactados para una situación muy distinta a la actual, en la que la epidemia producida por el coronavirus ha modificado la cotidianeidad, los ingresos y las previsiones de los y las habitantes del país”.

Ante la falta de pago o pagos parciales, lo que reste se deberá abonar a partir de octubre, en tres a seis cuotas. Podrán aplicarse intereses compensatorios, que no podrán exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días, que paga el Banco Nación.

Este decreto se aplica a inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural, habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares, inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias, inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria, inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.467 y modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria e inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Eocnomía Social (INAES).

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